Hacía falta una subida del SMI, pero el gobierno aún puede decepcionar a los mayores, y mucho.

Hoy es un día de enhorabuena como país. 

Ayer 22 de enero de 2020 el Gobierno de España anunciaba en rueda de prensa la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) con el acuerdo entre la Patronal de empresarios y los Sindicatos a 950€ mensuales en 14 pagas. Es una medida sin duda necesaria y que acogemos con gran esperanza para seguir construyendo un país mejor para la gran mayoría social y no solo para unos pocos.

Nuestra duda es cómo va a afectar esto a los/as cuidadores y cuidadoras no sanitarias cuya profesión está enclavada dentro del Régimen Especial de Empleados de Hogar (REEH) de forma totalmente injusta. Estos/as cuidadores/as estarán experimentando diversas emociones ya que, posiblemente, la subida de salarios puede afectar directamente a su estabilidad laboral.

En un primer término, su salario se incrementará en 700€ en cómputo anual, lo que sin duda va a ser motivo de alegría para cuidadores y cuidadoras no sanitarias que realizan su trabajo con el máximo afecto y dedicación y que, por desgracia, el estado del Bienestar y el Gobierno de España no les reconoce, salvo en un par de Comunidades Autónomas como casos atípicos. Los cuidadores y cuidadoras deben ser reconocidos como los héroes y heroínas que mantienen a las personas mayores en el calor de sus hogares, en el calor de sus recuerdos y en la cercanía de sus círculos sociales. 

En segundo término, como Director Ejecutivo de Cuidum me viene a la cabeza los/as más de 150 cuidadores y cuidadoras que tan solo en enero de 2018 fueron despedidos/as por nuestras familias clientes porque sencillamente no podían pagar sus salarios y seguros sociales. Pareciese como si cuidar de un padre o madre en la tercera edad fuera todo un lujo al alcance de tan solo unos pocos.

Una subida salarial para todos sin distinguir entre quienes trabajan para una sociedad mercantil y quienes trabajan para una familia que tiene que cuidar a su familiar puede resultar injusto, ya que no son las mismas situaciones ni tienen las mismas consecuencias. Una familia no tiene beneficios, no contrata para generar beneficios. Una familia con un mayor dependiente tiene la obligación legal, según el Código Civil, de hacerse cargo de su pariente dependiente, y además tiene el corazón y está dispuesta a sacrificarse para no apartar o “aparcar” a su ser querido en una residencia; realizando el esfuerzo de compartir la responsabilidad con el cuidador o cuidadora contratado/a, no delegando totalmente la responsabilidad en una residencia de ancianos.

El problema viene cuando se deben pagar hipotecas y, para ello, hay que trabajar; cuando también hay que pagar los libros de los hijos y su manutención; y cuando entre varios hermanos y hermanas el hecho de pagar el salario de un cuidador o cuidadora no sanitario para cuidar al papá o la mamá ya no es solo un juego de malabares, sino una odisea a la que se le unen más subidas en los seguros sociales. 

Estamos de enhorabuena, un Gobierno de España sensible a los problemas sociales siempre será mejor que uno insensible o corrupto. Simplemente este Gobierno debe distinguir entre la función de unos trabajadores y otros, o mejor aún, entre unos empleadores y otros. En mi opinión, si esta medida conlleva una subida salarial sin contemplar una mejora en las correspondientes bonificaciones a la contratación de un cuidador no sanitario para cuidado en el domicilio, sin duda, volverá a pasar lo que ya pasó en 2018: los cuidadores y cuidadoras volverán a ser expulsados del sistema legal para entrar en la economía sumergida, esa economía por debajo de la mesa en la que se pagan salarios por debajo del SMI y se dejan sin derechos a miles de cuidadores y cuidadoras no sanitarias. 

En mi humilde opinión, el Gobierno de España se enfrenta a un importante reto en este ámbito. La primera parte se ha conseguido: alcanzar un acuerdo entre empresarios y sindicatos para una subida del SMI. Ahora, la segunda parte, relativa al ámbito de la dependencia y protección de uno de los colectivos más desprotegidos, deberá ser generar un sistema de bonificaciones y ayudas a la contratación de cuidadores y cuidadoras no sanitarias para que las personas mayores que no tienen una necesidad sanitaria manifiesta puedan tener la ayuda que necesitan; y que entre sus pensiones y los fondos aportados colectivamente por los hijos puedan alcanzar a costear los gastos que supone contratar los servicios de cuidado en el hogar.

Señor Presidente y Vicepresidente de Asuntos Sociales: Confiamos en vosotros, no nos decepcionéis.

Jorge Cantero Carvajal.

Director Ejecutivo de Cuidum