Una demanda justa contra el Copago confiscatorio
El copago y el esfuerzo económico de las familias para mantener la Ley de Dependencia ha creado una situación insostenible en las personas dependientes que queremos ilustraros.
La que conocemos como ley de la Dependencia, Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, supuso un avance significativo en la extensión de los derechos sociales para las personas en situación de dependencia por razón de edad o discapacidad.
Han transcurrido mas de siete años desde la aprobación de esta ley y es por todos conocido que su implantación se ha enfrentado a muchas vicisitudes, sobretodo al contexto de crisis económica que ha azotado a España.
Las Administraciones sociales en el desarrollo de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia han creado una situación insostenible que hace recaer el esfuerzo económico de mantenimiento del sistema en las propias personas en situación de dependencia, dado que éstas tienen que pagar por los servicios que reciben en atención a su situación.
Situaciones diarias de la dependencia:
Es el caso de Luisa Barreira, valenciana de 42 años, con síndrome de Down y una discapacidad del 69 % que desde Enero de 2014 tuvo que comenzar a pagar 160,32 euros multiplicado por 14 mensualidades por asistir al taller ocupacional al que va de lunes a viernes de 9 a 17. Esta cantidad se convierte en un obstáculo insalvable para una familia que vive de una pensión de 700€ al mes.
Esto ha llevado a que muchos usuarios estén abandonando los centros donde son atendidos por no poder hacer frente al dinero que les corresponde abonar por este concepto.
Y esto es solo una muestra de las dificultades a las que tienen que hacer frente. En la vida diaria las personas dependientes cuentan muchas veces con ayuda a domicilio o profesionales del cuidado de personas mayores, unos servicios a los que muchas veces tienen que renunciar debido a este tipo de pagos y cuya falta son un factor clave en el empeoramiento de su calidad de vida.
La iniciativa contra el copago confiscatorio:
Por todo ello el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), está promoviendo una iniciativa legislativa popular, ILP, dirigida a cambiar la ley de Dependencia. El objetivo es sustituir el actual “copago confiscatorio” por otro “justo” y “proporcionado”, según esta entidad, una medida que afectaría a todos los dependientes.
La medida plantea que queden exentos del pago por los servicios de la dependencia quienes perciban menos de 1.333,28 euros mensuales. Además, aspira a que el copago no pueda superar en ningún momento el 60% del coste total del servicio y que se garantice un mínimo del 40% de la capacidad económica del usuario para gastos personales.
La iniciativa pretende recoger 500.000 firmas y arrancó en Valencia en el mes de Febrero de 2015. En caso de que prospere vendrá a reponer un poco de justicia en un colectivo tan sensible y castigado como son las familias con situaciones de dependencia.
